Este proyecto de ley le permitirá a las madres cabeza de familia privadas de la libertad pagar sus condenas con trabajo comunitario. Ahora bien, este beneficio solo aplicará para quienes hayan cometido delitos menores que no afecten la seguridad ciudadana y que puedan demostrar que sus actos fueron cometidos en condiciones de marginalidad.
Entre las condiciones está:
- Ser mujer madre cabeza de familia.
- No tener antecedentes penales dentro de los cinco años anteriores al delito.
- Tener una condena menor o igual a ocho años.
- No haber cometido delitos violentos o que pongan en riesgo la seguridad ciudadana ni la de sus hijos.
- Demostrar que las condiciones de comisión del delito están asociadas a condiciones de marginalidad que afectan la manutención del hogar.