Alrededor de 3 millones de familias serán beneficiadas con esta ley, quienes ahora podrán legalizar sus predios.
Para ello, las entidades territoriales iniciarán los procesos de legalización de los asentamientos, lo que permitirá reconocerlos como barrios legalmente constituidos, garantizando el acceso a los servicios públicos esenciales.
La ocupación ilegal de predios fiscales o privados en todas las épocas ha surgido como una necesidad urgente de solucionar el tema habitacional por parte de la población más vulnerable. El bajo nivel de ingresos de un amplio segmento de la población les impide tener acceso a viviendas en condiciones adecuadas dada la limitada oferta de casas para esta población, por lo que muchos hogares terminan construyendo sus viviendas en forma progresiva, utilizando sus propios recursos.
De allí surgió nuestro interés para a plantear una solución a esta problemática, implementando una Ley que brinde solución a todos los ocupantes del asentamiento humano ilegal, sin tener en cuenta la construcción que haya levantado, simplemente se tenga en cuenta el hecho de haber invadido un predio y ocuparlo con ánimo de señor y dueño, durante más de diez (10) años, con el propósito de lograr un verdadero saneamiento a la propiedad fiscal.